Seguridad

Uno de los mayores retos para el Estado y que representa una amenaza para la sociedad es la inseguridad, pues trasciende a la violación directa de nuestros derechos y vulnera nuestras garantías frente a la impunidad de la delincuencia que ocurre en el día a día. Desde hace quince años, la criminalidad y la seguridad pública se han convertido en temas centrales para la atención pública, aunque la primera ha ido en aumento: desde secuestros, asaltos bancarios, narcotráfico, robo de autos hasta llegar a “nuevos” delitos como el secuestro exprés.

De acuerdo con la información del Sistema Nacional de Seguridad Publica, el crimen ha incrementado su capacidad de fuego, de organización, y ha desarrollado un esquema estructurado de operación. Así mismo, la impunidad ha sido un incentivo para la delincuencia, e incluso los beneficios por delinquir son mayores, lo que hace altamente rentable vivir al margen de la ley para algunos grupos.

Paralelamente, la delincuencia ha desarrollado una estrategia de control territorial basada en la intimidación y corrupción, generando una importante base social de cooptación en algunos sectores, y creándose incluso una contracultura donde la violencia es sinónimo de éxito.

Diversas encuestas realizadas a la sociedad mexicana han reflejado que el problema va en aumento sin que la respuesta institucional logre controlarlo, ya que por ejemplo, sólo 17 por ciento de los individuos encuestados dijeron sentirse “muy seguro”, mientras que el 83% restante vive con “inseguridad”.

Esto ha debilitado la imagen y la estructura de las instituciones responsables de la seguridad pública, y procuración de justicia, presentando un rezago operativo que ha sido superado por los que delinquen, y consecuentemente carecen de legitimidad.

Por otra parte, se tienen contabilizados alrededor de 15,534 Agentes del Ministerio Público tanto del orden común como del federal, pero al año se denuncian aproximadamente 1, 715,969 delitos, lo que rezaga la operatividad y la eficiencia del personal para atender, y mejor aún, resolver a favor de los quejosos, las denuncias presentadas, por lo que también resulta procedente, incrementar los recursos humanos capacitados para la atención y solución de denuncias en las Agencias del M.P.

Sabemos que frente a dicha situación y ante la presión pública, el gobierno federal y sus contrapartes locales empezaron a experimentar diversas estrategias, desde el aumento en las penas para algunos de los delitos, hasta la participación de las fuerzas armadas en las tareas de entrenamiento, vigilancia y disminución del delito, pero aún con estos esfuerzos es evidente que falta mucho por hacer.

En concreto, la falta de control, metodología y sistemas para la operación, así como las condiciones laborales precarias, la pobreza, la desigualdad y la falta de una cultura de legalidad, permitieron a la delincuencia reclutar a jóvenes, campesinos y desempleados, entre otros, a su sistema delictivo y a su vez utilizar la infraestructura de algunas corporaciones policiales. Lo anterior ha llevado a un escenario catastrófico en materia de seguridad pública. Por lo cual debemos trabajar para combatir este mal.

Firmemente manifestamos, que debe tomarse en cuenta, junto con la profesionalización de la policía, estrategias que involucren el diseño de políticas públicas en materia de seguridad cuyo espíritu sea la protección de la integridad del ciudadano, basada en la prevención, el trabajo interinstitucional y la corresponsabilidad activa del ciudadano en la toma de las decisiones públicas que aseguren mejores condiciones de seguridad. Aún es necesario estrechar los lazos entre ciudadanos y autoridades sin perder de vista el objetivo ulterior: hacer de México un país más seguro y libre de violencia.

El Partido Verde Ecologista de México Propone:

Promover el incremento de la participación ciudadana mediante la evaluación de las acciones que se adopten en el marco del Sistema de Seguridad Pública, para asegurar la coordinación de los tres órdenes de gobierno y se establezca como tema en materia de evaluación de políticas públicas y de instituciones, la efectividad de las acciones que establezca el Consejo de Seguridad Pública para promover la coordinación de las instancias que integran el sistema.
Establecer esquemas de rendición de cuentas ante el Congreso del estado y las Comisiones de Derechos Humanos.
Implementar procesos de renovación interna de los sistemas de control y vigilancia de los centros penitenciarios.
Aplicar programas integrales de resocialización de los sentenciados, y contar con un mayor número de centros penitenciarios.
Garantizar que los salarios que reciban los policías a nivel estatal y municipal sean dignos y suficientes para mantener a la familia.
Estandarizar los niveles salariales de las corporaciones del estado y los municipios.
Establecer sistemas de rendición de cuentas, con el fin de evitar discrecionalidad en el ejercicio de la profesión para limitar el mal desempeño y actos ilegales, entre otros.
Recuperación de espacios públicos como medida para disminuir la inseguridad
Vigilar que los nuevos procesos para la selección de personal sean efectivamente aplicados a todo el personal de las instituciones de seguridad pública.
Establecer que los efectivos policiales sean certificados por un órgano externo confiable.